En la última década, el mapa político global ha sufrido una mutación alarmante en la que antes considerado un margen proscrito del espectro político ha colonizado el centro del debate público. El ascenso de la ultraderecha ya no es un fenómeno esporádico, sino una realidad consolidada en las instituciones democráticas de Europa y América que transforma tanto las leyes como el tejido mismo de la convivencia social.

La ciencia política y la sociología contemporáneas advierten que este avance electoral no es inocuo, existiendo una correlación directa y profundamente documentada entre la legitimación institucional de los discursos naturistas, autoritarios y excluyentes, el preocupante incremento de la violencia física y los delitos de odio. Estudios académicos recientes sobre este fenómeno señalan que su auge moderno no se sostiene sobre argumentos económicos tradicionales, sino sobre la manipulación del miedo identitario mediante las teorías de conspiración pseudocientífica, como el “Gran Reemplazo” -la creencia paranoica de que las poblaciones nativas están siendo sustituidas sistemáticamente a través de la inmigración masiva- o el “aceleracionismo”, que es la estrategia de provocar el colapso de la sociedad democrática mediante la violencia.

La investigación en psicologia social destaca, además, el fenómeno de la “gamerización” del extremismo de derecha, donde espacios digitales mal regulados y foros de internet han convertido la radicalización en una dinámica de subcultura pop que deshumaniza a las minorías mediante el humor gráfico antes de dar el salto al plano físico, desactivando así los inhibidores morales del individuo frente a la agresión. Esta violencia raramente comienza con un acto físico, sino que empieza siempre desde el panorama verbal, logrando así lo que los politólogos denominan el mainstreaming o la capacidad de la ultraderecha para arrastrar a los partidos tradicionales hacia sus propios marcos discursivos sobre migraciones, género e incluso los propios derechos civiles.

Cuando diversos líderes políticos utilizan el estrado parlamentario para calificar la inmigración como una “invasión”, criminalizar movimientos sociales como el feminismo o deslegitimar los derechos sobre la comunidad LGTBIQ+, operan una estrategia de deshumanización del “otro” que funciona como un habilitador social. Al señalar a determinados colectivos como amenazas existentes para la nación, el discurso extremista reduce la barrera moral y otorga una validación implícita para que sujetos radicalizados pasen a la acción bajo la justificación de defender su propio grupo.

Este alarmante movimiento de los dircursos de odio a la violencia real se hace evidente al observar diferentes casos que han conmocionado a la comunidad internacional.

El primer caso sucedió en Nueva Zelanda (2019), que fue el atentado en Christchurch, donde el atacante transmitió en vivo el asesinato de 51 personas en dos mezquitas tras publicar un manifiesto explícitamente basado en la teoría del Gran Reemplazo, demostrando cómo en la retórica conspiranoica de internet se convierten una tragedia armada.

Podemos destacar también el destructivo asalto que se vivió en Estados Unidos con el asalto al Capitolio (2021), un suceso donde la retórica de fraude electoral y el nacionalismo radical (estando estrechamente ligado a las teorías de conspiración difundidas desde las más altas esferas políticas movilizaron a miles de personas para atacar directamente una institución democrática, dejando claro que el extremismo político desafía el orden constitucional mediante el uso de la fuerza.

Y uno de los casos más extremos, fue el asesinato de la diputada británica Jo Cox, tiroteada y apuñalada semanas antes del referéndum del Brexit po un hombre que gritó consignas de extrema derecha, un crimen que evidenció como la polarización extrema y la demonización de los adversarios políticos eliminan los límites de la convivencia democrática y convierten a los propios representantes públicos en objetivos físicos.

Uno de los hallazgos más inquietantes de la literatura sociológica contemporánea es la ruptura de la vieja premisa de que el electorado castiga la violencia, reflejando los datos actuales que las agresiones neofascistas o los atentados perpetrados por indíviduos radicalizados en redes a menudo son rentabilizamos políticamente por estas cúpulas. En lugar de condenar o distanciarse, el relato ultra redirige la culpa hacia las víctimas o hacia las políticas multiculturales del Estado, argumentando que la violencia es una reacción inevitable al desorden social, lo que genera un bucle donde la hostilidad alimenta al apoyo electoral y ese respaldo vuelve a legitimar el ecosistema de odio.

Es por todo ello, que el auge de la ultraderecha y su correlato violento no puede entenderse simplemente como un problema de orden público o de falta de control policial, sino como una crisis de la democracia liberal que obliga a concluir que contener este fenómeno requiere ir mucho más allá de las respuestas puramente institucionales.

Para frenar la espiral de agresiones es imperativo combatir las precondiciones materiales que la extrema derecha explota, tales como la precariedad económica, el desmantelamiento de los servicios públicos y el aislamiento social que arroja a los ciudadanos a los brazos de la radicalización digital. La respuesta al odio, por tanto, no puede ser la asimilación de su agenda por parte del resto de las fuerzas políticas, sino una contraofensiva ideológica basada en la profundización democrática, la redistribución de la riqueza y el blindaje irrestricto de los derechos humanos.